El reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho constitucional está vinculado al hecho de que se le considere una necesidad básica imprescindible para vivir con seguridad y dignidad. Este derecho se vincula a otros como el derecho a la integridad física y moral, a la intimidad o a la libertad de residencia.

 

La Ley por el Derecho a la Vivienda de Cataluña de 2007 establece la obligación de los agentes públicos de impedir la desocupación permanente de las viviendas. Es en este marco que el Ayuntamiento de Terrassa desde hace unos años viene impulsando toda una serie de políticas activas de vivienda de diferente naturaleza. Entre ellas el año 2012 inició el proceso para la tramitación de las actuaciones legales necesarias para combatir la situación de las viviendas vacías.